Mellet y Torrijos, juntos y sonrientes en un viaje a Bruselas de los responsables de Mercasevilla. ABC
El PP subraya el «poder ejecutivo real» de Torrijos en la compañía
La querella por delito societario contra los responsables de Mercasevilla apunta en buena medida contra Antonio Rodrigo Torrijos, el gran gestor político «de facto» en la compañía según se viene apuntando en los últimos años. El PP, que ha puesto esta denuncia, señala insistentemente, como hizo ayer, el papel primordial de Torrijos y su «poder ejecutivo real» en la empresa controlada por el Ayuntamiento, del que el edil de IU es primer teniente de alcalde. Recordó ayer la oposición, en este sentido, un asunto que adelantó este periódico hace meses, la compra por la Fundación Mercasevilla de una grúa valorada en 36.000 que se regaló al Gobierno cubano, algo «en lo que está detrás Torrijos y quedará demostrado, aunque él siga sin decir nada».
Caiga quien caiga
La juez Mercedes Alaya quiere llegar hasta el final del caso Mercasevilla, caiga quien caiga. No le da miedo investigar y quiere saber la verdad. Dos concejales en activo de nuestro Ayuntamiento, Rodrigo Torrijos y Alfonso Mir, tendrán que dar explicaciones sobre las graves acusaciones contables que pesan sobre ellos. Luz y taquígrafos.
ADRIANO
ActualizadoJueves , 20-05-10 a las 09 : 23
El llamado «caso Mercasevilla» adquiere desde ahora una dimensión aún mayor con una tercera vía que queda abierta desde ayer por parte del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Y es que éste haadmitido finalmente la querella presentada por el PP por un presunto delito societario por parte de los responsables de la empresa, tanto gestores como políticos. En un auto al que ha tenido acceso ABC, la juez instructora admite parcialmente la denuncia, imputando inicialmente a los ex directores de la empresa municipal Fernando Mellet y Daniel Ponce, así como a Pilar Giraldo, ex directora económica financiera de la compañía. Eso sí, la juez hace estas imputaciones «sin perjuicio» de que el desarrollo de la investigación genere la imputación de otras personas acusadas por parte del PP «que aparecieran indiciariamente responsables». Y ahí es donde radica buena parte de la importancia de la querella.
En la denuncia se pide, de hecho, que se impute a los patronos de la Fundación Mercasevilla por aprobar las cuentas generales de la empresa en el consejo de administración pese a conocer, por su presencia en la Fundación, que en ésta las cuentas —luego sumadas a las de Mercasevilla en general— incluían pérdidas disfrazadas como ingresos; convivían con el «maquillaje» de las cuentas en la fundación y luego aprobaban las cuentas generales sabiendo que las cifras eran falsas. Esa es la teoría que sostiene la acusación y que ahora intentará ilustrar la juez. Por ello, pese a que aún no se ha imputado a nadie más, esta investigación coloca su punto de mira en los tres patronos principales: así, aparece en escena definitivamente el comunista Antonio Rodrigo Torrijos, vicepresidente de la empresa municipal y patrono de la fundación, además de los socialistas Alfonso Mir —actual concejal y consejero apoderado de la compañía— y Gonzalo Crespo —ex edil y ex presidente de «Merca»—.
Con esta nueva querella se amplía la investigación a muchos aspectos oscuros de la gestión de la empresa que habían quedado en los márgenes de las diligencias ya iniciadas. Hasta ahora, existe en los juzgados una causa abierta por la petición de comisiones ilegales a empresarios por los directores de Mercasevilla —causa originaria— y, por otro lado, una por la operación de venta de los suelos del mercado central de abastos a Sando mediante un concurso que la juez considera «fraudulento». Con el presunto delito societario, la Justicia ya no toca tangencialmente esos apartados sino que apunta definitivamente al «resto», engorda las pesquisas con una «amalgama de hechos de gestión desleal», pidiendo para ello en este auto documentación sobre veinte posibles hechos delictivos, entre ellos la financiación de los ERE y la obligación de pago de la Junta de Andalucía, los gastos con tarjeta VISA de los directivos, los gastos de consultoría, la concesión de becas «extrañas», el reparto de dividendos o hasta los gastos del Foro Jurídico de Mercasevilla, donde se organizó una conferencia del juez Baltasar Garzón.
El Juzgado pide también datos sobre el organigrama y retribuciones de la Fundación Mercasevilla desde su fundación, sus libros de cuentas, estados de gestión, contratos de préstamo y convenios. Además, ordena a la Policía que informe sobre «los procedimientos de contratación» y pide que la Intervención General del Estado analice toda esta documentación.
El ERE y la Junta
Entre esos hechos que deben investigarse, destaca especialmente, por la trascendencia que ha ido ganando, la financiación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla en los años 2007 y 2010, pues si resulta no ser cierto el compromiso de pago por parte de la Junta de Andalucía, «dicha partida de 9 millones de euros realmente tendría que registrarse como pérdida y ello podría general que la sociedad incurriera en causa de disolución». De forma secundaria, por tanto, se deberá dilucidar si la Administración autonómica tiene la obligación jurídica de financiar las prejubilaciones actuales, que están en el alero.
En cuanto a los pagos a empresas de asesorías, destaca la petición de Alaya para investigar la «legalidad de los pagos» a las firmas Maginae Solutions —empresa vinculada a UGT y a su dirigente Juan Lanzas, que trabajó en la intermediación de los expedientes de regulación de empleo con la Junta de Andalucía— y Hermes Consulting «por mediar en el ERE».
Incluso la juez pretende que el Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAS) del Ministerio de Economía determine por qué las irregularidades detectadas por la consultora Deloitte tras la primera investigación judicial en Mercasevilla no fueron detectadas por la entonces empresa auditora, Price Waterhouse, que hizo el informe de auditoría de 2008 donde los resultados eran positivos
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